Segun indica el diario expansion http://www.expansion.com/economia/2019/06/11/5cfec969468aeb362f8b469d.html El 31 de mayo se realizaron actuaciones masivas en bares de Malasaña.
La Inspección de Trabajo ya ha abierto las primeras diligencias sancionadoras por el registro de jornada en hostelería y talleres de coches. Se trata de pymes que no han implantado el registro diario de jornada y que, tras la apertura de estos expedientes, pueden presentar alegaciones antes de que estas actas se sustancien en sanciones. Así lo trasladaron ayer desde CE Consulting Empresarial, red de asesorías y despachos que cuenta con más de 60.000 clientes, en su gran mayoría, pymes.
De hecho señalaron, el pasado 31 de mayo se produjeron actuaciones masivas de la Inspección de Trabajo en bares y restaurantes del barrio de Malasaña en Madrid a partir de las 21.30 horas.
Estas visitas con consecuencias se han producido a pesar de que desde Trabajo se trasladó que se iba a conceder cierta moratoria, lo que se fió especialmente a que las empresas acreditaran que están negociando con los representantes de los trabajadores, cuestión más accesible para una gran empresa que para una pyme.
En el caso de que finalmente se imponga sanción, el Decreto de Trabajo, de 12 de marzo, ha establecido que será grave y entrañará una multa de entre 626 y 6.250 euros por centro de trabajo. Mucho mayores pueden ser las actas por incumplimiento de los límites de jornada y por el afloramiento de horas extra no pagadas ni declaradas.
Fuentes de CE Consulting Empresarial apuntaron que las firmas intentarán alegar que las horas extraordinarias no pagadas se trabajaron de forma voluntaria. Además, advirtieron, tal y como plantea el Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo validado ayer que sólo se podrá sancionar por el incumplimiento de los límites de la jornada al final del año, ya que las empresas podrán compensar los excesos con periodos de menos horas de trabajo.
«Hay muy pocas pymes que estén preparadas tecnológicamente para cumplir la nueva normativa», advierten desde la red, y consideran que en la nueva obligación laboral el Gobierno ha actuado con «precipitación legislativa, con poco tiempo para que las empresas se adapten, lo que provoca incertidumbre».
